Fundación de la Guardia Civil


Real Decreto por el que se crea el Cuerpo de la Guardia Civil

1844, MAYO 13. MADRID

MINISTERIO DE GUERRA

Señora. El Ministro que suscribe ha examinado con la mayor detención el Real decreto de 18 de Marzo último sobre la formación de la guardia civil. Al llevarla á efecto por el ministerio de mi cargo, en virtud del Real decreto de 13 de Abril próximo pasado, se han tocado dificultades, sin cuya aclaración no es posible constituirla desde luego en una forma fija. Necesario es que este cuerpo, que ha de crearse con oficiales del ejército, dependa del ministerio de la Guerra en su organización, personal, disciplina y material y percibo de sus haberes. En él únicamente puede haber todos los datos precisos para que la elección de tus gefes y oficiales sea tan escogida é imparcial como su preferente servicio exige, y poder llenar en lo sucesivo sus vacantes. En su servicio peculiar debe entenderse con las autoridades civiles, y depender por lo tanto del ministerio de la Gobernación.

Publ. Gaceta de Madrid nº 3530, martes 14 de Mayo de 1844, págs. 1-2.

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El servicio en la Guardia Civil de la época fundacional hacia una seguridad profesional

EDUARDO MARTÍNEZ VIQUEIRA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL

RESUMEN

La Guardia Civil nace en España en 1844 para dar una definitiva respuesta a la imperiosa demanda de seguridad pública que entonces existía. La doctrina para prestar su servicio, denominado como peculiar, fue inicialmente plasmada en sus dos reglamentos, pero se verá pronto completada y superada por la Cartilla del Guardia Civil, obra del Duque de Ahumada, fundador y primer inspector general del Cuerpo, además de numerosas instrucciones referentes al servicio. Ahumada concebía que el servicio prioritario de la Guardia Civil era garantizar la seguridad de los caminos reales, principales vías de comunicación en España, infestadas de delincuentes que asaltaban los carruajes. En el área rural se completaba con otros servicios de correrías, reconociendo núcleos habitados y zonas de monte, y con patrullas orientadas a la persecución de malhechores. En las áreas urbanas también la Guardia Civil era la encargada de la seguridad, prioritariamente o como única fuerza, en una modalidad de servicio muy diferente. Palabras clave: Guardia Civil, servicio, patrulla, correría, delincuencia, bandolerismo, Cartilla, camino real.

La creación de la Guardia Civil fue consecuencia del consenso de las fuerzas presentes en el escenario político de 1844 –moderados y progresistas-, cuando acaba de declararse la mayoría de edad de la reina niña, Isabel. El nuevo Instituto vino a ser un eslabón necesario para lograr la estabilidad institucional, cuando España está intentando consolidar un auténtico estado liberal moderno, basado en nuevas estructuras económicas, sociales y culturales.

Ciertamente, llega la Guardia Civil en un interesantísimo momento histórico, cuando la imperiosa necesidad de resolver el problema de la seguridad pública a través de una institución fuerte y fiable estaba en la mente de todos, conscientes de la necesidad de situarla por encima de las alternancias de gobierno, lastradas por la inestabilidad ministerial y la falta de continuidad política, y con una amenaza latente de guerra civil.

Figura 1. Sobre la pista. La obtención de información por las parejas de servicio a través de la población rural fue una constante desde los primeros tiempos de la Institución para la persecución de malhechores o el esclarecimiento de hechos delictivos. Fuente: La Ilustración Española y Americana. Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil.

Pero había otras razones que ponían de manifiesto esa apremiante necesidad: el nuevo orden en la propiedad rural que, como consecuencia de la abolición de mayorazgos y señoríos emprendida anteriormente y la desamortización eclesiástica iniciada por Mendizábal, se fraccionaba y pasaba a manos privadas, demandando por sí solo una mayor seguridad en la zona rural. También se habían reactivado los desplazamientos por los caminos reales tras el final de la primera guerra Carlista en 1840 y la creciente obra pública, con la construcción y acondicionamiento de nuevos tramos de carretera. Pero la mayor preocupación del pueblo radicaba, sin duda, en la presencia endémica del bandolerismo, que se dejará sentir con mayor intensidad tras la desmovilización subsiguiente al final de la guerra civil.

Para entender la relevancia que esta inseguridad en las áreas rurales generaba en la población, es preciso puntualizar que la España de 1844 era eminentemente rural. De los 15 millones de habitantes de entonces, cuatro de cada cinco residían en poblaciones de menos de diez mil habitantes.

Frente a esta situación, el Estado había respondido hasta entonces con el despliegue de unidades del ejército, con frecuencia en apoyo del personal movilizado de la Milicia Nacional y otros cuerpos de seguridad de entidad regional, cuya falta de capacidad e inoperancia -análisis en el que no entraremos- resultaban evidentes.

También es importante destacar que este conjunto de circunstancias fueron determinantes para que la Guardia Civil naciera, necesariamente, militar. Siguiendo a Fernando Rivas3, la creación de un cuerpo diseminado, llamado a combatir la lacra del bandolerismo, y con la presencia de partidas que amenazaban una nueva guerra, requerían de una institución con tal naturaleza que la dotara de la suficiente disciplina, cohesión y fortaleza para el cumplimiento de tan importante misión. Un cuerpo, en fin, con voluntad de permanencia en el tiempo, con plenas competencias en materia de seguridad, y de despliegue y ámbito de actuación en todo el Estado.

Normativamente, esta realidad se materializa en el real decreto de 13 de mayo de 1844, presentado a la Reina por el propio general Narváez, que se había reservado la Cartera de Guerra, y que establecía la dependencia de la Guardia Civil de este Ministerio en lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de haberes; y del Ministerio de la Gobernación en lo relativo a su servicio peculiar y movimiento. Este real decreto era consecuencia del mandato establecido, a su vez, por el real decreto de 12 de abril, en el que se encargaba al Ministerio de la Guerra la selección de personal y organización del nuevo Cuerpo; de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del primer decreto fundacional, el del 28 de marzo del mismo año, que establecía la dependencia de los guardias civiles de la jurisdicción militar, en cuanto a organización y disciplina. Este real decreto fundacional establecía en su artículo primero la creación de un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, con la denominación de guardias civiles, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península, cuyo objeto –según el artículo segundo- era proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones.

Pero la inspiración del texto del real decreto definitivo, el del 13 de mayo, hay que buscarla fundamentalmente en el informe de 20 de abril en que el propio duque de Ahumada, en su calidad de inspector general Militar y designado como organizador del Cuerpo, trazaba claramente las líneas rojas que debían respetarse para que él siguiera adelante con el proyecto, a la vista de las imprecisiones y debilidades que había identificado en el texto del real decreto de 28 de marzo, que amenazaban con abocar al nuevo cuerpo a correr la misma suerte y efímera vida que los nacidos de otros proyectos similares anteriores. El mariscal Francisco Javier Girón consideraba imprescindible una organización progresiva para una adecuada y minuciosa selección del personal, comenzando por no más de cinco mil hombres, y considerabainadmisibles las condiciones económicas en que se pretendía que los guardias civiles desempeñaran su trabajo, exigiendo también intervenir en la selección del vestuario, caballos y monturas.

Para Ahumada era clave la calidad del personal que habría de conformar la primera recluta de la Guardia Civil, y en ello volcó su empeño, seleccionando entre los mejores a aquellos soldados voluntarios a los que sólo habló de deberes, sacrificios, conducta limpia y entrega total al servicio.

Todo ello tendrá, como veremos, una gran relevancia para entender los procedimientos y las singularidades del servicio que comenzó a prestar la Guardia Civil, y cómo se fue adaptando a las circunstancias y necesidades en aquella primera década de su historia.

La selección y formación de aquellos primeros guardias civiles se llevó a cabo en dos campamentos de reclutamiento e instrucción cercanos a Madrid: el de Leganés, para la fuerza de infantería, y el de Vicálvaro, para los guardias de caballería. Aquel verano de 1844 los aspirantes a guardia civil recibieron, al margen de la formación moral antes aludida, no mucho más que instrucción militar, por la inexistencia todavía de una doctrina para el servicio e incluso de una definición clara de cuáles serían las competencias del nuevo cuerpo policial. Pero resultaba evidente que, antes de su despliegue territorial en los tercios por la geografía nacional, cuyo comienzo estaba previsto para el mes de octubre, era preciso proveer a los nuevos guardias de un reglamento por el que se rigieran sus actuaciones.

Sobre la base de la encomienda establecida en el primer real decreto –el del 28 de marzo-, se dispuso en el Ministerio de la Gobernación la redacción de un reglamento que vería la luz poco antes de la finalización del periodo de instrucción, con su aprobación por real decreto de 9 de octubre. En el Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil se exponían su objeto y relaciones, así como los deberes y facultades que correspondían a los nuevos guardias civiles para el cumplimiento de sus funciones policiales. Su artículo primero marcaba las misiones generales del Cuerpo, en un elenco que no podía ser más amplio:

Artículo 1º. La Guardia Civil tiene por objeto: 1º. La conservación del orden público. 2º. La protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones. 3º. El auxilio que reclame la ejecución de las leyes.

Si algún resquicio quedaba a las funciones que se iban a encomendar al nuevo Instituto, el artículo segundo se encargaba de eliminarlo:

Artículo 2º. Cuando lo permita el servicio de que habla el artículo anterior podrá emplearse la Guardia Civil, como auxiliar, en cualquier otro servicio público que reclame la intervención de la fuerza armada.

En cuanto a su dependencia, la fuerza de cada provincia quedaba a las órdenes del jefe político y, en última instancia, del ministro de la Gobernación, único conducto por el que debían dictarse las órdenes referentes al servicio.

Simultáneamente, por el Ministerio de la Guerra se dispuso la redacción del Reglamento Militar de la Guardia Civil, siguiendo la encomienda del real decreto de 13 de mayo. Si bien el borrador inicial se escribió de la mano de Ahumada, el texto final fue el resultado de suprimir algunos capítulos e introducir importantes modificaciones por una comisión mixta de Guerra, Gobernación, y Gracia y Justicia, pese a que con frecuencia se ha defendido la redacción íntegra de este reglamento como procedente de la pluma del fundador8. Aprobado por real decreto de 15 de octubre, este reglamento remarcaba la dependencia del Ministerio de la Guerra, a través de un inspector general. Regulaba todos los aspectos de carácter castrense referentes a su organización, estructura territorial y el estatuto personal, incluyendo el reclutamiento, régimen de ascensos, los derechos -en sintonía con los vigentes para el ejército- y las obligaciones militares inherentes a cada empleo; así como las normas relativas a la disciplina.

Aquellos dos reglamentos eran tan diferentes como complementarios entre sí. Pero, a juicio del mariscal Girón, no resultaban suficientes y, desde luego, no respondían a sus expectativas: tras el proceso de maduración de los primeros meses echaba en falta una mayor regulación de la prestación del servicio –pobre en el primero e inexistente en el segundo de los reglamentos- y un código de conducta que guiara el comportamiento y las actuaciones en el servicio de aquellos hombres, llamados a desempeñar tantas y tan delicadas misiones, investidos de autoridad y portando armas.

Fruto de esa reflexión, Ahumada firma una de sus primeras circulares el 16 de enero de 1845, con la que pretende imbuir a los mandos del Cuerpo de las cualidades morales que deben mostrar los guardias civiles y cómo han de comprobarlas y exigirlas en sus revistas periódicas9. Su texto evidenciaba que el duque de Ahumada barruntaba ya la redacción de un nuevo texto que viniera a completar la trilogía organizativa iniciada con los reglamentos, y en la que, por fin, pudiera marcar su sello inconfundible. cartilla-guardia-civil

Figura 2. Cartilla del Guardia Civil. En la Cartilla, redactada por el duque de Ahumada, estaba impresa la esencia del espíritu que el fundador quiso transmitir a los guardias civiles de todos los tiempos.

Ahumada redacta la Cartilla del Guardia Civil en el verano de 1845, pero el texto, enviado en octubre para su aprobación por el Gobierno, le es devuelto para que realice algunas correcciones. De acuerdo con Fernando Rivas10, tal vez fue la causa algún aspecto que no se adecuaba al Reglamento para el Servicio, y sin duda, la novedad que suponía contemplar el puesto como unidad organizativa y la figura de su comandante, inexistentes tanto en los decretos fundacionales como en los reglamentos en que debía apoyarse aquel documento. Quizá por esta falta de apoyatura reglamentaria, en todos los comunicados oficiales el inspector general utiliza la palabra destacamento para referirse a estas pequeñas unidades repartidas por la geografía nacional. No es hasta comienzos de 1848, que dispone que en lo sucesivo se emplee la denominación de puesto, suprimiendo la de destacamento.

Lo cierto es que el duque de Ahumada remite de nuevo el texto corregido de la Cartilla el 13 de diciembre y una semana después, por Real Orden de 20 de diciembre de 1845, recibe la aprobación definitiva. El resultado va a ser un magnífico documento que se convertirá en el auténtico código moral de la Institución, más allá de servir como nexo de unión entre ambos reglamentos y completar el desarrollo de las misiones policiales del Instituto. Como impronta del espíritu ahumadiano, quiso transmitir a los guardias civiles un alto concepto de la dignidad y seriedad en el servicio, además de proporcionarles una formación moral y humana capaz de superar las dificultades que iban a encontrar en el desempeño de sus funciones. La base deontológica sobre la que se sustentará es la honradez y, con ella, un profundo sentido del respeto debido a la persona y a sus propiedades.

Todos estos postulados, aun siendo elevados y exigentes, podrían constituir el código deontológico de una organización policial actual, con el suficiente calado histórico, profesional y de prestigio social. Pero si esas mismas exigencias las trasladamos a la convulsa España de la primera mitad del siglo XIX, resultan absolutamente revolucionarias para la época.

La Cartilla comenzaba con su artículo más famoso y que, de alguna forma, resumía aquel espíritu que quería inculcar en los miembros del Cuerpo: “El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás”13. A lo largo del capítulo primero, Ahumada desarrollaba con claridad su idea del guardia civil, exponiendo con detalle cuál había de ser el comportamiento de los miembros del Cuerpo en toda ocasión, y la prudencia y proporcionalidad de su respuesta ante las múltiples situaciones a que habrían de enfrentarse.

El capítulo segundo de la cartilla era el dedicado al servicio en los caminos, del que nos ocuparemos más adelante. Los restantes capítulos que completaban el texto son los referidos a la reglamentación sobre armas; pasaportes; caza; pesca; montes y policía rural; la captura de desertores del ejército, y los prófugos de las quintas y presidios; sobre los juegos prohibidos; la represión del contrabando y los servicios de conducción de presos.

Ahumada incluyó en el compendio de la primera edición de la Cartilla una segunda parte, con 32 artículos independientes, para recoger las funciones del comandante de puesto, elemento fundamental en la prestación del servicio de la Guardia Civil desde sus comienzos, y cuyo contenido probablemente no se le había autorizado a incluir en el texto de la real orden firmado por la Reina, por las razones anteriormente expuestas.

Este compendio se completaba con una tercera parte, que incluía modelos de sumarias (atestados o diligencias policiales) y formularios de utilización frecuente en el servicio; y una cuarta con el texto de los Reglamentos Militar y del Servicio –por este orden-, así como de las obligaciones del cabo y el soldado contenidas en las ordenanzas.

Tras la publicación de la Cartilla, el Instituto se encontraba ya en condiciones de cumplir eficazmente su misión. Comenzaba su andadura la Guardia Civil, ese “ser grande, eficaz y de robusta vida” que ya vislumbraba Pérez Galdós.

A partir de octubre de 1844 se producirá el paulatino despliegue de aquellos primeros cinco mil guardias civiles, encuadrados en las secciones, compañías y escuadrones que integraron los tercios en todo el territorio peninsular.

Al llegar a sus destinos aquellos hombres, muchos de ellos acompañados de sus familias, se instalaron en las dependencias puestas a disposición de la Guardia Civil. El artículo 19 del real decreto de 13 de mayo establecía que los ayuntamientos de los pueblos a los que se destinen puestos fijos del Cuerpo deberían proveerles de casascuarteles, mientras el utensilio era facilitado por el Estado. Por su parte, los artículos 49 y 50 del Reglamento para el Servicio precisaban que, en las poblaciones donde vayan a reunirse más de 50 guardias civiles, se facilitará una casa-cuartel por el Ministerio de la Gobernación y en las demás poblaciones, provisionalmente, mediante el sistema de alojamiento que se utilice para las tropas del Ejército. Lo cierto fue que aquellas previsiones distaron mucho de cumplirse durante el primer despliegue, por lo que antiguas casonas, viejos cuarteles, o conventos y monasterios abandonados fueron con frecuencia el único cobijo que encontraron aquellos hombres en los primeros tiempos.

En estas circunstancias hubieron de comenzar a prestar servicio, urgidos por los jefes políticos y por las expectativas depositadas por todos en aquellos hombres. Al mismo tiempo, era preciso continuar con la formación recibida en los depósitos de instrucción, precaria en lo referente a las nuevas funciones policiales que se les encomendaban en los reglamentos, que les serían entregados en los últimos días antes de partir para sus destinos.

La Guardia Civil comenzaba a realizar su servicio ordinario, que abarcaba todo el amplio espectro de la seguridad en su vertiente policial y que se condensaba, de una forma un tanto vaga y genérica, como vimos, en el artículo primero del Reglamento civil. Este servicio es el que se vino a denominar como “servicio peculiar” en el propioartículo primero del real decreto de 13 de mayo, en que se fijaba la doble dependencia civil-militar de la Guardia Civil. En el lenguaje actual, se tiende a identificar la expresión peculiar con la segunda de las acepciones del término, esto es, como especial o poco frecuente, pero el decreto pretendía calificarlo en su primera acepción: el servicio propio o característico de la Guardia Civil. Y así va a ser, hasta el punto de que esa expresión, utilizada con profusión desde entonces y que aspiraba a abarcar las múltiples misiones encomendadas a la Guardia Civil, se ha ido manteniendo en los documentos oficiales hasta hace apenas unos años, y aún hoy se utiliza esporádicamente.

Las dependencias de la Guardia Civil para la prestación de este servicio peculiar eran del Ministerio de la Gobernación, a través del jefe político de cada provincia, pero para determinadas cuestiones, en los primeros tiempos, también de los comisarios de protección y seguridad pública en sus respectivos distritos16 y de los propios alcaldes de los municipios, con competencias en causas penales de escasa entidad y para las primeras diligencias, antes de su remisión al juez letrado de primera instancia, en las demás17; así como de carácter ejecutivo en diversas denuncias por infracción de reglamentos. Por último, no hay que olvidar que los enfrentamientos armados en que se vieran envueltos los guardias civiles, como fuerza armada, y la represión del andolerismo pasaban a ser competencia de la jurisdicción militar de Guerra y Marina.

Pero también se preveía en el artículo segundo del Reglamento el empleo de efectivos o unidades del Instituto para atender a aquel servicio público que requiriera la intervención de la fuerza armada “cuando lo permita el servicio de que habla el artículo anterior”. Esta salvedad era necesaria cuando se refería a determinados auxilios solicitados por diferentes autoridades para cuestiones que no eran competencia específica del Cuerpo, como la práctica de notificaciones y citaciones. Pero cuando, a requerimiento de las autoridades, era preciso o previsible un mayor uso de la fuerza, nos encontramos frente a un servicio totalmente ajeno a lo peculiar. Se trataba de un tipo de servicios que habrían de considerarse como extraordinarios, pero que en la práctica no fueron en absoluto una excepción a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo hasta la Restauración. Aquella previsión iba a suponer, en la práctica, el empleo de la Guardia Civil para sofocar conflictos y algaradas callejeras pero, sobre todo, bajo la autoridad militar, la sofocación de revueltas, pronunciamientos y asonadas, que obligaban a concentrar la fuerza en las capitales, desandando el camino recorrido en la seguridad y tranquilidad del ámbito rural, que era su medio habitual. Más allá, pero tampoco infrecuente en la época, se encontraba el servicio en campaña, requiriendo la participación de la Guardia Civil en operaciones y conflictos armados, en cumplimiento de las misiones específicas que le eran asignadas y a lo que Ahumada dedicó todo un capítulo en la segunda versión de la Cartilla, aprobada en 1852.

Un claro ejemplo de esta servidumbre que arrastrará la Guardia Civil durante buena parte de su historia se va a producir muy tempranamente, con motivo de la segunda guerra carlista y, sobre todo, tras la decisión de Narváez de disponer en 1848, y hasta bien entrado el año siguiente, la concentración en Madrid de cuatro mil guardias civiles, de los 7.770 efectivos con que contaba el Cuerpo en septiembre de ese año19, para prevenir –como así fue- una nueva revuelta, tras la rápida sofocación de la revolución que había pretendido derrocar la Monarquía. Aunque causó un gran impacto e incrementó el prestigio de la Guardia Civil, aquella medida supuso la desprotección del medio rural y un repunte del asalto a las diligencias, pese a redoblar los esfuerzos en la seguridad de los caminos.

Las primeras instrucciones para el servicio impartidas por Ahumada fueron verbales, y dirigidas a aquellos mandos que, una vez constituidas sus unidades, se aprestaban a emprender el camino a sus nuevos destinos desde los depósitos de instrucción. Como hemos apuntado anteriormente, aquellos primeros guardias civiles llevaban consigo los dos reglamentos, aunque faltaba un año todavía para disponer del instrumento más preciso y completo que iba a suponer la Cartilla.

Ahumada irá completando la instrucción y suplirá estas carencias en los primeros tiempos a través de reales órdenes, que emitía el Gobierno a su propuesta, o con abundantes circulares de su propia mano. Estos documentos se referían a múltiples cuestiones, como la instrucción, el reclutamiento o la uniformidad, y más tarde también a la organización y prestación del servicio, partiendo aún de las disposiciones del primer reglamento, y basadas en la experiencia que la propia ejecución del servicio aportaba, a fin de ir acumulando una sólida base doctrinal.

Comenzó el fundador disponiendo lo que llamó el Diario de Servicios, documento en que debían reflejarse fielmente todos los que eran prestados en cada unidad. Copia de aquellos documentos debía ser remitida periódicamente al inspector general, por conducto de los comandantes de provincia21, de los que obtenía información muy valiosa sobre la forma en que se prestaba el servicio en las unidades, su adecuación a lo prescrito en los Reglamentos y las novedades surgidas durante el servicio. Además de corregir todo aquello que fuera necesario, Ahumada quería conocer de primera mano, aspectos tales como qué tipo de órdenes recibía la fuerza por parte de los jefes políticos o de los comisarios de protección y seguridad pública, a fin de evitar injerencias y abusos.

La sensibilidad que en el concepto de “novedad” quiere transmitir Ahumada desde un principio a los comandantes de provincia calará pronto en todos los cuadros de mando de la Guardia Civil, y será transmitida por generaciones. El inspector general no sólo quiere estar al tanto de aquellos hechos relevantes relativos al servicio, sino también de todos los que puedan tener transcendencia política o de otro orden, y de aquellas noticias que alerten sobre algún tipo de malestar o “trastorno político” susceptible de alterar el orden o la tranquilidad pública. Tales informaciones reservadas habían de acompañar en escrito aparte a las relaciones de servicios –copias de los diarios de las unidades-, con periodicidad semanal. Las noticias y novedades relativas a alteraciones de la tranquilidad pública debían transmitirse a todos los escalones de mando, incluyendo al inspector general.

Y es que tales alteraciones del orden en aquel tiempo, además de frecuentes, solían ir cargadas de gran agresividad. Este fue el motivo de una circular dirigida en abril de 1846 a los jefes de tercio en que, ante amenazas de este tipo, debían ordenar a sus comandantes de provincia que concentraran la fuerza en un único acuartelamiento, con la doble finalidad de asegurar su autodefensa y restablecer el orden público con mayores garantías. Se trataba de una medida excepcional que la Guardia Civil se vería obligada a poner en práctica con alguna frecuencia hasta la Guerra Civil en 1936.

Una de las primeras y más importantes instrucciones del organizador de la Guardia Civil fue la circular que regulaba las revistas periódicas que los mandos debían girar a sus unidades23, y contenía recomendaciones muy precisas sobre aspectos tales como el vestuario, armamento, instrucción, contabilidad o estado del ganado, que más adelante se iría ampliando también hacia aspectos concretos del servicio. Se trataba de una sabia disposición cuya esencia se ha mantenido hasta nuestros días como garantía de la eficacia en el servicio. Lejos de perder su vigencia, este tipo de medidas sigue siendo una herramienta de control de calidad indispensable en cualquier organización para mantener su prestigio y alcanzar sus objetivos. fig3-auxilio-en-los-caminos

Figura 3. Auxilio en los caminos. La vigilancia de los caminos desembocaba con frecuencia en el pronto auxilio a viajeros extraviados, accidentados o víctimas de hechos delictivos. Fuente: La Ilustración Nacional. Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil.

La Guardia Civil debía prestar especial atención a los núcleos de población de toda la geografía nacional, lo que suponía para Ahumada una dualidad del servicio, como expuso en alguna de sus circulares: proteger, por una parte, las vías de comunicación y, por otra, las ciudades y pueblos. En este punto conviene recordar, respecto a la seguridad en las ciudades, que sólo en Madrid existía una fuerza uniformada de policía capaz de colaborar en la prevención del delito y el mantenimiento del orden, lo que no eximió de reservar en el despliegue del primer Tercio toda una compañía de infantería a Madrid capital, destinando otra compañía y un escuadrón para atender al resto de la provincia.

Ahumada era sensible a la conveniencia de considerar la veteranía y las condiciones físicas de los guardias para adecuar a aquéllas el servicio, siempre duro, que debían prestar. De esta forma, dictó una circular26 en que diferenciaba, en líneas generales, estos dos tipos de servicio: el que se presta en el interior de las grandes poblaciones y el que se realiza recorriendo los caminos reales y en la persecución de malhechores. Al primero de estos servicios debía destinarse a los guardias de primera, que era la clase a la que debían pertenecer los licenciados del ejército y, por tanto, los más veteranos, de mayor edad y dotados de mayor prudencia y tacto para el trato con las autoridades y la población. Los demás guardias debían destinarse al servicio en los caminos reales y, de entre ellos, los más ágiles y jóvenes deberían afrontar las persecuciones que fueran necesarias para la captura de los malhechores. La experiencia iría dictando a los mandos cuál era el servicio más adecuado para cada uno de sus hombres. Para ello, Ahumada quiso imbuirles de la idea de que el nombramiento como guardia de primera clase había de considerarse como un reconocimiento o recompensa por un servicio meritorio.

Pero a medida que se empezó a alcanzar mayor experiencia y se incrementó notablemente la calidad y eficacia en el servicio, fue preciso completar aquellas instrucciones. Recordando que el guardia civil obra solo, “sin más testigo que su compañero de pareja, aunque siempre a las órdenes del más antiguo de los dos que la componen”, el duque de Ahumada estableció que los guardias recién incorporados al Cuerpo debían recibir una adecuada formación teórica en sus destinos, con el estudio de toda la reglamentación y una serie de lecturas recomendadas, antes de adquirir “el aplomo y despejo necesarios” para comenzar a prestar servicio, y que éste sólo debía realizarse en compañía de un guardia veterano hasta transcurridos seis meses desde su incorporación.

Tanto la población rural como, en ocasiones, los propios jefes políticos y demás autoridades, debían amoldarse en aquellos comienzos a la nueva realidad que suponía la existencia en su territorio de un cuerpo de seguridad dispuesto a mantener el orden y hacer cumplir las leyes por encima de todo, y no sólo para perseguir a los delincuentes. Una de las situaciones contra las que parecía colisionar esta realidad era la habitual celebración de ferias, fiestas y romerías, aderezadas frecuentemente con peleas, disputas y riñas, cuando no con enfrentamientos directos entre los mozos de pueblos vecinos. Se trataba de incidentes que eran con frecuencia tolerados y asumidos como inevitables. El Reglamento para el Servicio ordenaba la constitución de un destacamento de la Guardia Civil en las poblaciones mientras tuvieran lugar tales eventos, que a su vez suponían un punto de atracción para todo tipo de delincuentes. Con tal motivo, ante situaciones comprometidas a las que en ocasiones se veía sometida la fuerza del Cuerpo, debiendo hacer frente al acometimiento de grupos de alborotadores superiores en número, fue preciso dictar una circular28, dirigida a los jefes políticos, en la que se les recordaba su deber de colaborar con la fuerza pública para el restablecimiento del orden en tales eventos, así como el de cooperación de todos los vecinos cuando fuera necesario. En vista de que la situación no mejoraba, fue preciso dictar posteriormente nuevas instrucciones29 para asegurar la integridad de la fuerza del Cuerpo encargada de la vigilancia de las ferias, romerías y otros eventos; debiendo los guardias acudir a caballo o, los de infantería, con fusil y cartuchera, además del sable; mientras la fuerza franca de servicio permanecía en el cuartel o inmediaciones, presta a intervenir si fuera necesario.

Uno de los servicios tradicionales de la Guardia Civil, directamente vinculado a su doble condición militar y policial, y a la peculiaridad de las casas-cuartel, tiene su origen en estos primeros tiempos: el guardia de puertas. Esta figura nace, como tantas otras, de la mentalidad abierta y pragmática del fundador de la Guardia Civil. En el preámbulo de la circular que emite el 3 de enero de 1846 argumenta lo innecesario del servicio de centinela en determinados cuarteles:

En varias casas-cuarteles de las capitales de provincia, donde menos fuerza hay, se mantiene a toda costa un centinela, con perjuicio del servicio y molestia innecesaria de los guardias, pues si el servicio se hace como es debido, se emplean ocho hombres lo menos en el mantenimiento del centinela, y con esta fuerza hay suficiente para hacer el servicio en todo un partido, y cuesta demasiado cara al Estado, para que se emplee en objetos de pura ostentación.

De este modo, Ahumada dispone que se reduzca al mínimo el servicio de centinela y, en aquellos cuarteles en que haya menos de 40 guardias, que tal servicio sea sustituido por un vigilante que, armado únicamente con el sable, y con el fusil o carabina en el armero, “debe tener muy suficiente fuerza moral para responder de la puerta de la casa-cuartel”.

Han pasado ya casi tres años desde la organización y despliegue de la Guardia Civil y la fuerza se ha completado ya en la mayor parte de las provincias. Por ello, el duque de Ahumada se siente urgido a exigir más a sus hombres, tras comprobar que el celo en el servicio no era el esperado en todas las provincias. Insiste en que no basta con que se reciban denuncias de particulares o el requerimiento de una autoridad para intervenir, y para ello el inspector general recuerda el obligado cumplimiento de los artículos 34 y 36 del Reglamento30. Es preciso actuar desde el mismo instante en que se tenga noticia de la perpetración de cualquier hecho delictivo o de la presencia de algún delincuente en la demarcación, y ya no sólo a iniciativa de los comandantes de las líneas, secciones o puestos, sino de todos los guardias civiles, quienes “no deben descansar hasta lograr la captura del criminal”31, frase que se haría popular y sería repetida por tantos guardias civiles durante generaciones.

El despliegue territorial del nuevo cuerpo iba a suponer una importante novedad, no sólo en lo referente a la seguridad y la protección de las personas y bienes, sino también respecto al mapa administrativo español, pues va a permitir desplegar a servidores públicos del Estado y acercarlos al ciudadano como nunca antes se había hecho en España, confiriendo ese carácter vertebrador que desde su origen se ha atribuido a la Guardia Civil. Fruto de ello fue la específica denominación que recibieron algunas de las nuevas unidades del Cuerpo, al margen de la terminología militar del momento: como hemos visto, tercio, puesto y, más adelante, línea32 pasarán pronto al acerbo organizativo de la Institución.

Pero no menos revolucionaria va a ser la forma de prestar el servicio de aquellos hombres, diseminados por la geografía nacional. El Reglamento para el Servicio utiliza los términos “rondas” y “partidas”, en su acepción de gente armada, bien con organización militar o sin ella, cuando quiere referirse a la forma en que han de prestar servicio los guardias civiles; pero sin duda, su redactor pensaba más en la forma de conducirse en despoblado de la Milicia Nacional o de un grupo de soldados tras una banda de malhechores, que lo que habría de ser el servicio peculiar del nuevo instituto. En aquella época, los caminos reales eran frecuentados por delincuentes que aguardaban al acecho, en lugares favorables del terreno, el paso de las diligencias y otros carruajes. De este modo, el artículo 30 establecía que el jefe político debía disponer que hubiera rondas permanentes en los caminos y puntos que ofrecieran mayor inseguridad, con dos partidas constantes que, sobre el mismo itinerario, rondaran en direcciones opuestas.

El capítulo segundo de la Cartilla, como antes adelantamos, estaba íntegramente referido a la prestación del servicio en los caminos como elemento preventivo y disuasorio que va a constituir la estructura o armazón del servicio peculiar de la Guardia Civil. En este documento ya no se habla de partidas, sino de “parejas”, para referirse a la fuerza destinada a prestar el servicio en los caminos en forma de “correrías o patrullas”33, en lugar de “rondas”.

Vemos, por tanto, que desde bien temprano se comienza a prestar servicio por parejas, como se pone de manifiesto en tantas circulares referentes al servicio. Se trataba de una forma de prestación netamente policial, tanto en el interior de los núcleos habitados como en despoblado, pero que va a requerir de una gran preparación, iniciativa y aplomo en aquellos guardias civiles, que deberán decidir por sí mismos ante cualquier eventualidad del servicio, aunque siempre a las órdenes del guardia más caracterizado de los dos. Ahumada los comparaba con el soldado que actúa siempre amparado y encuadrado en su unidad, a la vista de sus jefes34. En definitiva, tenía claro que de la calidad individual de sus hombres dependía la calidad del servicio que prestaría la Guardia Civil.

Como se apuntó anteriormente, el término patrulla se utilizaba para referirse al tipo de servicio a prestar, y será preferido al de correría por el fundador en sus escritos de los primeros años. La patrulla era una denominación propia del léxico militar y comúnmente empleada: recordemos que España acababa de salir de una guerra irregular en cuanto a las operaciones –la primera guerra carlista- y estaba a punto de verse afectada por otra –la segunda-, además de tener que combatir con frecuencia a partidas de bandoleros o contrabandistas empleando unidades militares.

Más tarde se popularizó el término de correría, cuyo significado alude al corto viaje que se realiza recorriendo varios puntos habitados, para regresar al lugar de residencia. Y así eran, en efecto, muchas de las patrullas que realizaban aquellas parejas de la Guardia Civil. Asentada la correría, se identificó esta modalidad de servicio como la prestada por parejas de guardias civiles para su servicio peculiar –no olvidemos sus amplias funciones de policía rural y administrativa-, mientras que la denominación de patrulla pasó a identificarse con un grupo mayor de guardias civiles para actuar, fundamentalmente, en despoblado. Ahumada recomendaba que la fuerza se ampliara a tres efectivos cuando el objeto del servicio fuera la persecución de contrabandistas u otras partidas de delincuentes, pero podía ser mayor, si las circunstancias lo demandaban.

Todas las noches el comandante de puesto nombraba el servicio de patrullas para el día siguiente, así como aquellos otros que estuvieran previstos, como alguna conducción de presos. El servicio se nombraba por riguroso orden de antigüedad entre todos los componentes del puesto. Si surgían necesidades del servicio imprevistas no era preciso seguir turno para su nombramiento.

Como medida de autoprotección y, sobre todo, para dificultar el movimiento de los delincuentes, se daban instrucciones precisas para no reiterar las cadencias de salida y regreso de las patrullas. Del mismo modo, también se insistía en que los guardias en sus correrías o patrullas debían regresar al puesto, por regla general, por un camino diferente al empleado en el inicio, de modo que, al tiempo que se conseguía el efecto anterior, se reconociera un espacio mayor de terreno.

Tardaría Ahumada en hacer mención expresa de las correrías. Lo hará en una circular de 1853, en que se refiere a la necesidad de asegurar la tranquilidad de los campos, cuando el objetivo de la seguridad en los caminos era ya una realidad, y pondrá el foco en erradicar la presencia de individuos que habitaban en el monte, robando para subsistir, a través de lo que define como servicios de correrías: “recorrer los caminos, registrar los montes y bosques, visitar las casas de campo…”. A modo de exhortación, uno de los apartados de la circular no puede ser más expresivo: “No debe haber sierra ninguna, por fragosa que sea; no debe haber monte, por espeso que parezca, en que no se haya presentado el sombrero del guardia civil”. fig5-puestos-sobre-el-mapa-itinerario

Figura 5. Puestos sobre el mapa itinerario. Mapa en que se observa la distribución de los puestos de la Guardia Civil y la formación de líneas sobre la red de caminos reales y transversales, tras los primeros años de despliegue. Fuente: Martínez Ruíz, Enrique. Ubicación geográfica inicial de la Guardia Civil. 1980.

A comienzos de 1852 existía ya un puesto de la Guardia Civil en cada uno de los pueblos que constituían cabecera de partido judicial, aunque todavía con una plantilla de no más de cinco o siete efectivos por puesto, como promedio, salvo en las grandes poblaciones. Con tal motivo, Ahumada dispuso que todos los núcleos habitados de cada provincia fueran adscritos, para su vigilancia, a un puesto de la Guardia Civil, clarificando las demarcaciones territoriales. Esta distribución de núcleos de población por puestos, según la propuesta elevada por cada comandante de provincia, debía afectar únicamente, salvo excepciones, a aquellos puestos que no estuvieran sobre una línea de caminos reales, cuyo objeto prioritario del servicio seguía siendo, precisamente, la atención al tramo de camino asignado. De este modo, los puestos de las líneas orientarían su servicio a las carreteras o caminos encomendados, mientras que los puestos de las secciones –o los demás de cada sección, en su caso- debían orientarlo a realizar correrías por toda su demarcación, incluyendo la visita obligada a cada uno de los núcleos de población afectados con la periodicidad que se marcaba para cada unidad, así como a la persecución de malhechores.

Precisamente, una faceta importante en la lucha contra la delincuencia, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo en la esencia del servicio de la Guardia Civil, es la permanente obtención de información. Por ello, ya en la Cartilla se hablaba de la importancia de obtener informes sobre el avistamiento de personas sospechosas, de aquéllos que en mejores condiciones se encontraban para su detección: los labradores, transeúntes y, muy particularmente –se puntualizaba-, de los pastores, sin duda por permanecer cada día durante más tiempo sobre los lugares de paso, y con muchas y monótonas horas para observar todo aquello que les rodeaba y podía reclamar su atención. Para proteger su anonimato, desde el primer momento, se dictaron instrucciones precisas para no revelar nunca la identificación de los informadores, salvo que se acreditara en los tribunales que la denuncia había sido calumniosa.